México- El Senado de aprueba la reforma al Poder Judicial que a partir de 2025 permite elegir a los jueces por voto popular. Será un legado del presidente Andrés Manuel López Obrador que pronto culmina su mandato.
En efecto, el próximo 30 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador termina su mandato y entrega el bastón a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
A partir de 2025, los magistrados y jueces del sistema federal serán elegidos por voto popular en elecciones.
En el país azteca esta reforma judicial es el cambio más profundo que se da en los últimos 30 años.
El bloque oficialista Morena, logró la aprobación con 86 votos a favor sobre 41 en contra, en medio de un fuerte debate con la oposición.
La aprobación se dio en medio de una larga jornada interrumpida durante la tarde por un grupo de opositores a la reforma judicial que irrumpieron en el Senado, lo que obligó a las y los legisladores a trasladarse a la antigua sede de la cámara alta para continuar con la sesión.
El proyecto ha sido objeto de duras críticas de la oposición y es aprobado en medio de un paro por tiempo indefinido por parte de trabajadores y jueces del Poder Judicial.
La reforma fue presentada al Congreso en febrero pasado, cuando la coalición gobernante, Morena, no contaba aún con los votos necesarios para aprobarla. Pero con la amplia mayoría que obtuvo el bloque oficialista en las elecciones del 2 de junio, consiguieron los votos de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y los 86 necesarios en el Senado.
Considerandos
Lo más polémico y novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, casi 2.000 personas, a partir de 2025.
La propuesta es que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos que serán votados por la sociedad.
El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renueve cada 2 años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección.
Además, el proyecto de ley, entre otras de las medidas incluye:
• disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros;
• reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral;
• contemplar 2 elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la 1ra. de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una 2da. en 2027;
• eliminar de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte;
• ajustar sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente.
Quienes se oponen sostienen que la elección de jueces por voto directo en las urnas “politizará” la justicia. Alegan que la reforma en vez de aumentar la independencia y transparencia de los jueces, favorecerá una selección política de los candidatos, dejando de lado las habilidades profesionales y los ascensos por mérito. También afirman que la nominación de los candidatos favorecerá a quienes cuentan con financiamiento o son políticamente afines al oficialismo.
Todo requiere de un análisis profundo y un balance consciente del escenario sociopolítico. Porque si bien es cierto que pueden darse estas circunstancias, también lo es que el sistema actual no está exento de interferencias.
Es que la normativa no puede prever todas las circunstancias que el juego de poderes puede crear en la realidad. Por eso es fundamental que todas las normas se interpreten y apliquen en el marco de los principios que definen la igualdad, la justicia, el bien público…
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Redacción Universo Parlamentario – Fuente: www.eltiempo.com
