Sociedades civiles organizadas y gobiernos pueden construir la Paz y el progreso social. Por Elizabeth Leites

El reunirse con fines lícitos es un Derecho Humano que aporta a la paz y el progreso social. La Declaración Universal de los DDHH en su artículo 20 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este derecho a reunirse, a asociarse, a trabajar en grupo, a compartir fines que tengan objetivos de bien común, está presente en las constituciones de muchos países. Así se puede apreciar en las Constituciones de Argentina, artículo 14; de Uruguay, artículo 39 y Paraguay, artículo 42, por citar solo algunas Cartas Magnas de Estados democráticos.

Y si hablamos de reunirse, pensamos en las Organizaciones de la Sociedad Civil. Ellas son por excelencia, espacios de diálogo, gestoras de consensos, ejemplo de trabajo en equipo, de voluntariado y quehacer solidario en diferentes áreas del desarrollo humano. 

Conviven con la realidad y conocerla cada día más, es parte de la vida de estas instituciones civiles. Esa capacidad que surge de su misma naturaleza social, les permite poner a disposición de los poderes del estado, una herramienta certera y eficaz para conocer el hoy de la sociedad a la que deben servir y re-conocer su historia desde la memoria colectiva..

En consecuencia, su rol es clave en la vinculación de toda la sociedad con el gobierno. 

También cumplen una función social importantísima al darle voz y posibilidades de acción solidaria a mujeres y hombres de todas las edades. Porque en soledad, no es posible construir futuro y las organizaciones saben ser intermediarias y mediadoras sociales. A tal punto forman parte de la vida de la comunidad, que hasta llegan a impactar en la gestión y aplicación de políticas públicas. Y si fueran más escuchadas, sin lugar a dudas, mejor se daría el desarrollo del Estado.

El relacionamiento de la sociedad organizada con los gobiernos es esencial.

Ambos poderes, el legislativo y el ejecutivo, pueden ver la realidad a través de las organizaciones sociales para encontrar la forma adecuada de cumplir sus funciones. Hasta el poder judicial, en muchas ocasiones, se nutre y se auxilia de las entidades que componen ese sector. 

Es que las organizaciones civiles se integran en la vida cotidiana de las personas porque intervienen en su desarrollo y saben cómo atender las “dolencias” de la sociedad y movilizarse rápido ante las emergencias. Esto las posiciona como un valioso aliado de los gobiernos democráticos que buscan el bienestar de quienes viven y transitan por sus territorios. 

Al organizarse, los grupos sociales adquieren derechos, obligaciones y, en alguna medida, pasan a ser como un brazo ejecutor extra del Estado. Es decir, se convierten en una especie de aliado social. Junto a esto hay que tener presente que todas esas entidades están integradas por las personas que son parte de esa población a la cual los gobiernos deben servir. En consecuencia, desde esa doble perspectiva que surge del estado de derecho y de la realidad, la gestión gubernamental debe tenerlas presente y buscar alternativas para apoyarlas. 

El ritmo de vida actual, muchas veces saca de foco y hasta impide dedicar tiempo al trabajo voluntario en las organizaciones. Pero aún así, muchos hombres y mujeres se deciden a  integrarlas y colaborar de una u otra forma. Todas son personas que tienen vocación social pero no todas saben que la tienen. Algunas lo descubren cuando la actividad solidaria se mete en sus vidas y resulta que después… ya no se va. Es que la solidaridad ni se compra ni se finge. Es una parte de la naturaleza humana que solo la voluntad puede cambiar. Basta darse la oportunidad de descubrirlo y ¡listo! Ser solidario pasa a ser parte de lo cotidiano y cambia la mirada que se le da a la realidad, la forma en que se vive, cómo se enfrentan los inconvenientes y s superan los problemas. 

En esa línea podemos afirmar que mirar, considerar y tratar a las organizaciones de la sociedad civil como agentes especiales en las democracias, es un desafío cotidiano que se debe sostener en el tiempo. 

Por supuesto, como todo lo que existe en la realidad de las comunidades locales y globales, las organizaciones no gubernamentales también son muchas veces usadas para fines que nada tienen que ver con actitudes solidarias ni con ideales democráticos. Nuevamente son las gestiones gubernamentales las que tienen que controlar que no ocurra, aunque la responsabilidad final es de esa parte del funcionariado y de la población que no comprende que la transparencia es la condición fundamental para que una democracia funcione y el país progrese. 

Sin dudas, las organizaciones sociales son actores fundamentales en la arena política. El pluralismo y la inclusión que las caracteriza y que es sostenido en su interior y hacia afuera en sus acciones, las posiciona como tales. Será tarea de las y los políticos, hacerse conocer y lograr presentarse con opciones válidas para ganarse votos desde allí. Las entidades escuchan todas las voces democráticas porque conocen muy bien lo que significa no ser escuchadas. Hasta ahí deben llegar. Nada más… 

Para concluir basta recordar que si asociarse y reunirse es un derecho de las personas, velar porque se dé en un marco lógico de igualdad de oportunidades y orientado siempre al beneficio de la comunidad, es una premisa que debe marcar la acción del Estado. 

Mucho para observar, investigar y opinar al respecto. Temas de interés que continuaremos abordando y sobre el cual invitamos a compartir opiniones.

Elizabeth Leites para Universo Parlamentario.