Argentina: grave retroceso de la libertad de expresión. Así concluye el Informe 2025 elaborado por reconocidas organizaciones de prensa, la UBA y la Federación Internacional de Periodistas. Por Dayana Acosta Trindade.
El Informe sobre Libertad de Expresión 2025, elaborado por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la carrera de Comunicación Social de la UBA y la Federación Internacional de Periodistas (FIP), advierte sobre un deterioro profundo y acelerado de las condiciones para ejercer el periodismo en Argentina.
El documento, presentado en la Cámara de Senadores de la Nación argentina, analiza con detalle las políticas oficiales de comunicación, episodios de represión estatal, agresiones a trabajadores de prensa y diversas formas de restricción al derecho ciudadano a acceder a información veraz y plural.
La publicación cuenta con el apoyo del Fondo para la Democracia y el Trabajo y constituye la segunda edición consecutiva de un monitoreo colaborativo que permite medir el retroceso democrático en esta materia.
Una presentación con voces clave
En el Senado participaron:
Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN -Federación Argentina de Trabajadores de Prensa-.
Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA -Universidad de Buenos Aires-.
Zuliana Lainez, vicepresidenta de la FIP -Federación Internacional de Periodistas-.
Carolina Moisés, senadora nacional y presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
También aportaron sus testimonios las y los periodistas Julia Mengolini y Ari Lijalad, quienes relataron ataques coordinados en redes sociales y procesos judiciales impulsados por el presidente Javier Milei tras sus trabajos periodísticos y críticas al gobierno. Ambos señalaron que estas prácticas buscan intimidar e instalar un clima de hostilidad contra la prensa independiente.
Violencia institucional en aumento
El informe muestra un escenario especialmente alarmante:
83 periodistas fueron agredidos mientras cubrían protestas en 2025, un aumento del 66 % respecto al 2024.
Los casos más frecuentes incluyen:
Represión en manifestaciones sociales, especialmente en las marchas semanales de jubilados frente al Congreso.
Uso irregular de armas menos letales;
Detenciones arbitrarias.
Hostigamiento y ataques digitales.
Un aumento preocupante de la judicialización contra periodistas que investigan o cuestionan al gobierno.
Para las organizaciones que elaboraron el informe, esta tendencia revela un patrón sistemático de violencia institucional orientada a limitar la labor periodística.
Desmantelamiento de políticas públicas de comunicación
Otro de los puntos centrales del documento es el vaciamiento de políticas públicas destinadas a garantizar un sistema de medios plural y democrático.
El informe detalla:
La intervención y virtual paralización del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
La inactividad de la Defensoría del Público.
El desmantelamiento de los medios públicos nacionales.
El avance acelerado de la concentración mediática.
Medidas de censura judicial en investigaciones de alto interés público.
Este escenario afecta especialmente a los medios comunitarios e independientes, que hoy carecen de apoyo estatal y enfrentan mayores obstáculos para sostener su trabajo.
“No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho a estar informados”
Durante el evento, la vicepresidenta de la FIP, Zuliana Lainez, subrayó la importancia de registrar cada agresión: “Documentar los ataques es vital. Cada vez que alguien diga que en Argentina se respeta la libertad de expresión, tendremos este informe para demostrar lo que ocurre con los periodistas agredidos, con los medios públicos, con quienes cubren movilizaciones y con las mujeres periodistas acosadas. No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
El Estado, principal agresor
El informe sostiene que el Estado argentino no solo ha dejado de cumplir su obligación de proteger a la prensa, sino que se ha convertido en uno de sus principales agresores.
Esto se manifiesta, según la FIP, en:
Discursos oficiales de estigmatización.
Represión física en el espacio público.
Persecución y acoso judicial a periodistas.
Eliminación de organismos que deben garantizar derechos comunicacionales.
Estas prácticas, alerta el informe, restringen el espacio cívico y debilitan la vida democrática del país.
Llamado urgente
La FIP cerró la presentación reafirmando su solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de prensa, e instando al Estado argentino a abandonar las prácticas que limitan el ejercicio periodístico y a garantizar el derecho de toda la sociedad a recibir información libre, plural y sin presiones.
Dayana Acosta Trindade para Universo Parlamentario – Lea el Informe completo AQUÍ
