En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni,
remitió al Congreso el decreto firmado por el presidente Javier
Milei que reformula el sistema de inteligencia nacional y
amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del
Estado (SIDE), una medida que generó una fuerte polémica
política.
El envío del DNU 941/25 se concretó a menos de 24 horas del
vencimiento del plazo legal previsto por la ley 26.122, que
regula el tratamiento parlamentario de los decretos
presidenciales. El texto ya ingresó al Senado, mientras que en
Diputados lo había hecho el día anterior.
A partir de ahora, la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo cuenta con diez días hábiles para emitir dictamen.
Una vez cumplido ese plazo, cualquiera de las dos cámaras
podrá llevar el decreto al recinto para su votación, incluso sin
despacho de comisión.
Desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica y varios
bloques provinciales criticaron la medida y además advirtieron
sobre riesgos de espionaje político. UP ya presentó un proyecto
para derogar el decreto y reclama la inmediata conformación de
la Bicameral, el oficialismo busca demorar la discusión hasta
febrero.
En un escenario fragmentado, el rol de radicales, peronistas
provinciales y fuerzas intermedias determinará el éxito o el
fracaso de la cruzada de la oposición ya que serán esenciales sus
votos en ambas Cámaras.
En LLA descuentan que tendrán el acompañamiento de Pro, la fuerza que lidera
Mauricio Macri. Es que el bloque conducido por Cristian Ritondo, cercano a
Caputo, difundió un comunicado en el que elogió la mayoría de los cambios en

inteligencia y se limitó a prometer un “análisis responsable” antes de fijar
posición.
“Creemos que los cambios introducidos podrían resultar positivos, pero
insistimos en que es imprescindible conocer los protocolos de uso, reglas de
empeñamiento y alcances operativos”, señaló Ritondo.
Pese a que no tienen garantizados los votos, los detractores del Gobierno se
entusiasman con la chance de asestarle un nuevo revés al oficialismo.