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Argentina, Trump, Milei y la Junta de Paz. El debate sobre el rol del Congreso

En el marco del Foro Económico Mundial en Davos , el presidente Javier Milei suscribió esta semana la integración de Argentina al Consejo de la Paz (Board of Peace), una iniciativa del mandatario estadounidense Donald Trump. Este organismo, que se presenta como una alternativa de gobernanza para la resolución de conflictos globales —con un foco inicial en la estabilización de la Franja de Gaza—, ha generado en Argentina un debate respecto a las facultades del Poder Ejecutivo y la necesaria intervención del Poder Legislativo .

La controversia radica en la naturaleza del acuerdo. Mientras el Ejecutivo destaca la importancia de un alineamiento estratégico inmediato con potencias occidentales, diversos sectores de la oposición y constitucionalistas sostienen que debe ser ratificado obligatoriamente por el Congreso de la Nación por ser un tratado internacional que implica compromisos de seguridad y políticos. La fundamentación normativa surge de la Constitución Nacional que en su artículo 75 establece que corresponde al Parlamento aprobar o desechar tratados susscriptos con otras naciones y organizaciones internacionales. De esta forma se garantiza que la integración a organismos internacionales no sea solo una decisión diplomática de gestión, sino que responda a un compromiso de Estado que trasciende un mandato presidencial. En esa línea, legisladoras y legisladores de distintos bloques políticos exigen que el texto del acuerdo sea enviado al Poder Legislativo para su debate público. Sin dudas, el Congreso es el espacio institucional donde se debe validar la política exterior del país para otorgarle legitimidad y previsibilidad jurídica .

Por su parte, el Gobierno con Milei al frente, sostiene que la invitación personal de Trump hacia Milei como miembro fundador con un «free pass», permite que el país no pague los mil millones de dólares que se solicita a otros adherentes. Todo esto mantiene abierta la discusión técnica sobre si esta «Junta de Paz» funciona como un organismo multilateral formal o una alianza política personalista.

Es indiscutible que la participación de Argentina en el escenario global fortalece su presencia internacional. Pero también lo es que la solidez de ese fortalecimiento depende del respeto a las instituciones republicanas. En este escenario, el Poder Legislativo, como voz de la ciudadanía, tiene el desafío y el debe de analizar los alcances de estos compromisos para asegurar que respondan al interés nacional y al cumplimiento de los valores democráticos que rigen la nación.

No obstante, el poder ejecutivo nacional estaría intentando evitar que la integración argentina a la Junta de Paz de Trump, se trate en el Congreso.

¿Qué es la Junta de Paz?

Según información de fuentes oficiales y comunicados de las delegaciones en Davos, la Junta de Paz es un organismo internacional de reciente creación liderado por Donald Trump.

Su objetivo declarado es supervisar procesos de paz en zonas de conflicto. Inicialmente se originó para la gobernanza transitoria de la Franja de Gaza a través de un comité tecnocrático y el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF). Pero en la Carta fundacional actual, no se la menciona y se plantea la solución de conflictos en cualquier parte del mundo.

La Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el secretario del Estado estadounidense, Marco Rubio; el ex primer ministro británico Tony Blair; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, año del presidente, Donald Trump. 

Trump alude que el organismo es una respuesta a la necesidad de generar a corto plazo soluciones de paz y lo presenta como una estructura más ágil frente a la burocracia de las Naciones Unidas. No obstante, busca operar con el respaldo de resoluciones específicas del Consejo de Seguridad de la ONU (como la Resolución 2803).

Además de Estados Unidos y Argentina, naciones participantes como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Turquía e Israel, entre otros.

La adhesión a la Junta de Paz en la región americana muestra una tendencia a considerar a los parlamentos como garantías de la soberanía. En ese sentido, si bien Argentina adhirió por decreto y enfrenta ahora el debate sobre la legitimidad de esa adhesión , otros países han reaccionado diferente.

El gobierno de Brasil ante la invitación de integrarse a la Junta de Paz, sostiene que cualquier decisión está sujeta a la revisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional.

Por otro lado, países como Paraguay y Uruguay, si bien han mostrado interés, tienen presente que la participación en fuerzas de estabilización internacional (como la ISF propuesta por el Consejo) requiere, por mandato constitucional, una autorización expresa de sus respectivos Parlamentos.

En síntesis, es posible afirmar que la regional es que mientras los Ejecutivos buscan el alineamiento geopolítico, los Poderes Legislativos actúan como un freno democrático que asegura que estas alianzas no vulneren los principios de no intervención y autodeterminación.

Redacción Universo Parlamentario – Fuentes oficiales y propias.