El Gobierno argentino resolvió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil.
Según información en Casa Rosada, el oficialismo aspira a insistir con su proyecto original para reducir de 16 a 13 años la edad a partir de la cual un menor puede ser considerado penalmente responsable. Ese texto, que perdió estado parlamentario y debía ser presentado nuevamente, preveía una pena máxima de hasta 20 años de prisión para los menores condenados.
El dictamen que finalmente reunió los apoyos necesarios nunca fue tratado en el recinto y, con el cierre del período ordinario, perdió vigencia. El trámite, así, deberá recomendarse desde cero.
El giro principal se dio en la edad de imputabilidad. En el dictamen que logró avanzar, el piso se fijó en 14 años y no en 13, como pretendía el Gobierno.
Con un mapa parlamentario distinto -95 diputados y 20 senadores-, en La Libertad Avanza creen que ahora tienen margen para volver a la carga con su propuesta original.
El despacho también introdujo criterios más restrictivos para la prisión efectiva. Solo se habilitaba cuando el delito tuviera una escala penal de diez años o más -siempre con un máximo de 15- y se preveían sanciones alternativas para el resto de los casos, salvo homicidios o hechos de violencia grave. Además, reafirmaba garantías procesales, concebía la privación de la libertad como última ratio y establecía estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades.
Para los libertarios, el tema es estratégico. Forma parte del núcleo duro de su discurso de mano dura, sintetizado en el lema “el que las hace las paga”, pero también se lee como una oportunidad política para tensionar a la oposición y profundizar las fisuras dentro del peronismo.