Argentina. Diputados aprueba la baja de edad de imputabilidad para delitos penales y el gobierno quiere asegurarse otro triunfo.
Envalentonado por la media sanción que la Reforma Laboral obtuvo en el Senado, ahora el gobierno de Milei quiere endurecer el régimen penal juvenil.
El proyecto para bajar la edad de imputabilidad para delitos penales fue aprobado en Diputados y pasa al Senado para su aprobación definitiva.
En una jornada sin incidentes, el nuevo régimen penal juvenil recibió 149 votos afirmativos y 100 negativos tras ser debatido a lo largo de más de 8 horas de sesión. El proyecto original proponía la baja de imputabilidad a la edad de 13 años pero el proyecto votado la establece en 14 años. Fue una de las modificaciones que se le realizaron durante la negociación con partidos aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).
El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que en diciembre pasado fue atacado a puñaladas por un grupo de menores en Santa Fe, estuvo presente en los debates. La madre del joven tuvo participación activa en la defensa de la reforma y estuvo presente en el Congreso.
La iniciativa aprobada abre la posibilidad de que adolescentes de 14 y 15 años que cometan delitos puedan ser procesados penalmente, juzgados y, si se demuestra su responsabilidad, recibir una pena de hasta 15 años de privación de la libertad (originalmente el Ejecutivo proponía 20).
Actualmente, el régimen penal vigente en Argentina establece que los menores de 16 años no pueden ser juzgados. Las penas de detención en cárcel común están previstas a partir de los 18; antes, la privación de la libertad debe cumplirse en institutos para menores.
En contra de la iniciativa
Obispos de la Iglesia católica que integran las comisiones de Pastoral Social, Carcelaria y Cáritas, rechazaron mediante un documento la reforma al considerar que “responde al oportunismo electoral” y carece de sustento técnico. En cambio, pidieron priorizar políticas de salud mental y educación antes que la cárcel. “El ingreso temprano al sistema penal no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad”, aseguraron.
La Pastoral Carcelaria, que ejerce la acción evangelizadora y social de la Iglesia en el ámbito penitenciario, puntualizó que “las normativas internacionales y recomendaciones de organismos como Unicef y la ONU, sugieren mantener una edad mínima alta para la imputabilidad, protegiendo los derechos de los menores”.
Con diferencias, la Alianza de Iglesias Cristianas de la República Argentina dice que debe ser una «medida de protección excepcional». Advierte que su aplicación «será insuficiente si no se acompaña con políticas públicas que atiendan la raíz del problema”.
Resta saber qué pasará en el Senado. Por lo pronto la aprobación ya provocó un profundo debate en los distintos estratos de la sociedad argentina.
Redacción Universo Parlamentario – Fuentes oficiales