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ECUADOR. La Comisión de Justicia del parlamento ecuatoriano analiza la realidad de la violencia digital y avanza en reformas penales relativas a delitos de esa naturaleza.

El pasado 2 de abril, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado continuó con el tratamiento del proyecto unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para enriquecer su análisis, la Comisión recibió observaciones de tres expertos en la materia.

Luis Enríquez Álvarez, intendente general de Innovación Tecnológica y Seguridad de Datos Personales de la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador fue quien destacó la necesidad de analizar el dolo como componente del delito cometido por medios tecnológicos. En esa línea explicó que se han desarrollado agentes inteligentes que actúan de forma autónoma (robots), los cuales podrían incurrir en errores u otras acciones que no necesariamente deberían ser consideradas delitos. Por otro lado, el funcionario enfatizó la importancia de definir el alcance de los contenidos o historias con fines sexuales creadas usando la identidad de menores. Destacó que todo debe conducir al establecimiento de sanciones adecuadas a los delitos contra la integridad de ese grupo vulnerable.

Matew Felipe Armijos, subsecretario de Meritocracia y Desarrollo del Talento Humano del Ministerio del Trabajo, se refirió a la reforma vinculada a la violencia digital. Señaló que se trata de un delito específico dentro del ámbito de los ciberdelitos, que debe ser bien tipificado. Eso permite identificar de manera precisa, al sujeto activo y al sujeto pasivo de esta conducta.

Asimismo, sugirió definir con claridad la conducta típica penal y los bienes jurídicos protegidos, como la intimidad, la dignidad y la privacidad. Añadió que también debería incorporarse el derecho a la integridad de los datos personales, con el fin de que cualquier acción que vulnere esta información en entornos digitales sea debidamente sancionada.

Finalmente, Daniela Macías, máster en Propiedad Intelectual y Derecho de Nuevas Tecnologías, destacó la urgente necesidad de proteger a las personas que usan y conviven con todo tipo de dispositivos tecnológicos ya que eso puede evitar que sean víctimas de delitos digitales. Respecto al comercio electrónico destacó que es esencial establecer parámetros claros para la protección de los datos personales. Para eso, Macías propuso ampliar el alcance del articulado para prevenir el uso indebido y la comercialización ilegal de esta información.

Redacción Universo Parlamentario – Fuentes oficiales